Causa AFA: se amplió la investigación y un fiscal pidió que el expediente vuelva al fuero Penal Económico
Mientras se discute la competencia por la causa de la mansión de Pilar, la Justicia avanzó con pedidos a bancos y nuevas líneas de investigación sobre presuntos desvíos de fondos
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La causa judicial que investiga el origen del dinero utilizado para la compra de una lujosa mansión en Villa Rosa, partido de Pilar, atribuida a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, sumó nuevos elementos y mantiene abierta la disputa por su competencia. En este marco, el fiscal general de San Martín, Carlos Cearras, apeló la decisión que asignó el expediente al Juzgado Federal de Campana y solicitó que la investigación regrese al fuero Penal Económico, donde se inició originalmente.
Actualmente, la causa se encuentra en manos del juez federal de Campana Adrián González Charvay, luego de que la Cámara Federal de San Martín resolviera, el pasado 20 de enero, que la competencia debía radicarse en la provincia de Buenos Aires por tratarse del lugar donde se ubica el inmueble valuado en 17 millones de dólares, junto a otros bienes de alto valor.
Sin embargo, Cearras —quien actúa ante la Cámara Federal de San Martín— cuestionó ese criterio y sostuvo que la ubicación del inmueble no resulta determinante en una causa por presunto lavado de dinero. En su planteo, reclamó que el expediente vuelva al juzgado del fuero Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky, quien intervino en la etapa inicial de la pesquisa.
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El conflicto de jurisdicción se originó a partir de un pedido de la defensa de Luciano Nicolás Pantano, señalado como presunto testaferro junto a su madre Ana Conte, quienes solicitaron que el caso fuera tramitado en Campana al entender que los hechos investigados ocurrieron en esa jurisdicción. González Charvay aceptó el planteo y pidió a su par de la Ciudad de Buenos Aires que se inhibiera, pero Aguinsky rechazó la solicitud, lo que derivó en la intervención del tribunal de alzada.
Para fundamentar su postura, el magistrado del fuero Penal Económico había señalado que el delito precedente al lavado de activos sería una presunta administración fraudulenta en perjuicio de la AFA, cuya sede social se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, remarcó que el “centro de maniobras” estaría en CABA y destacó la especialidad de su fuero para investigar delitos complejos contra el orden financiero. En la misma línea se pronunciaron el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial y el fiscal federal de Campana Sebastián Bringas.
A contramano de esas opiniones, la Cámara Federal de San Martín —con la firma del juez Alberto Lugones— consideró que los movimientos patrimoniales investigados se concretaron en Pilar. El fallo detalló que, además de la mansión, la causa abarca una colección de automóviles y motos de lujo, un haras con caballos árabes y pura sangre, una pista de entrenamiento equino y un helipuerto. También tuvo en cuenta el cambio de domicilio de la AFA, que inscribió una nueva dirección en Pilar en noviembre del año pasado.
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Pedidos a bancos y nuevas líneas de investigación
En paralelo a esta disputa, la investigación avanzó en otros juzgados. El juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, dispuso una serie de medidas para profundizar el análisis de los movimientos de dinero de la AFA y empresas vinculadas.
En ese contexto, Armella solicitó al Banco Credicoop un informe pormenorizado de los movimientos de las cuentas que la entidad de la calle Viamonte posee en ese banco, correspondientes al período comprendido entre el 1.º de enero de 2021 y la actualidad. La medida se enmarca en una causa que busca establecer la relación entre el Club Atlético Banfield y la empresa Sur Finanzas, por presunto lavado de dinero.
Además, el magistrado requirió al banco santafesino Coinag documentación vinculada al empresario teatral y exdiputado bonaerense Javier Faroni y a su esposa Erica Gilette, así como a otras personas relacionadas con la firma TourProdEnter LLC, investigada por un presunto desvío de fondos de la AFA en el exterior.
Según trascendió, el juez Armella solicitó información detallada sobre cuentas en las que la AFA figure como titular o cotitular, incluyendo tipo de cuenta, moneda, número, CBU, titulares, autorizados, apoderados y firmantes, además del detalle completo de todos los movimientos desde la apertura. El requerimiento también abarca la existencia de cajas de seguridad —con indicación de medidas, titulares y registros de ingresos—, cuentas comitentes, operaciones de cambio, préstamos y plazos fijos, con especificación de montos, intereses y eventuales reprogramaciones.
En relación con la investigación sobre Faroni y Gilette, el magistrado también mencionó a Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice, quienes serían beneficiarios o administradores de cuatro sociedades SRL constituidas en el estado de Florida, en Estados Unidos, que habrían recibido 42 millones de dólares.
El futuro de la causa
Mientras estas medidas avanzan, la Cámara Federal de San Martín deberá resolver si concede el recurso presentado por el fiscal Cearras y eleva el caso a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. En caso de rechazo, el fiscal general podría presentar una queja directa ante Casación para intentar revertir la asignación del juzgado.
La investigación apunta a determinar si se utilizaron sociedades comerciales como pantalla para adquirir bienes en Villa Rosa y si los fondos provinieron de maniobras defraudatorias contra la casa madre del fútbol argentino. En ese marco, también se analizan movimientos aéreos vinculados a la propiedad, luego de procedimientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto de San Fernando.
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