AFA fijó un nuevo domicilio en Pilar y quedó bajo la lupa judicial por presuntos pagos millonarios
La entidad informó oficialmente una nueva dirección en la provincia de Buenos Aires, pero el lugar sería un terreno baldío con una mansión en ruinas investigada por presunto lavado. También cuestionó la veeduría solicitada por la IGJ.
:format(webp):quality(40)/https://radiorafaelacdn.eleco.com.ar/media/2026/02/afa_3.webp)
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó oficialmente su nuevo domicilio en la provincia de Buenos Aires mediante un comunicado institucional. Sin embargo, el lugar señalado sería un terreno baldío ubicado en el partido de Pilar, donde se encuentra una mansión abandonada y en estado de deterioro, actualmente bajo investigación judicial por presunto lavado de activos.
De acuerdo con registros fílmicos del lugar, el predio está emplazado en una zona cercana a la ruta, rodeado de árboles y sin actividad visible. La propiedad en cuestión está ubicada en el barrio Ayres Plaza y habría sido valuada en alrededor de 17 millones de dólares. Según antecedentes, perteneció originalmente al exfutbolista Carlos Tévez.
:format(webp):quality(40)/https://radiorafaelacdn.eleco.com.ar/media/2026/02/terreno_afa.webp)
Pagos por al menos $300 millones y documentos secuestrados
En paralelo, la Justicia federal secuestró documentación en oficinas de la AFA que acreditaría pagos por al menos $300 millones a la firma Real Central SRL, empresa vinculada a la propiedad de Pilar bajo investigación.
El material fue incorporado a distintas causas tras un allanamiento ordenado por el juez Luis Armella. Los comprobantes corresponderían a transferencias efectuadas en junio de 2025 bajo el concepto de “servicio de logística”, con referencia directa al sistema VAR.
Real Central SRL tiene como titulares formales a Ana Lucía Conte y Luciano Pantano, quienes fueron señalados como presuntos testaferros de Claudio Tapia y/o Pablo Toviggino. Uno de los documentos hallados incluiría la firma de Pantano como proveedor, mientras que otro reflejaría el ingreso de un pago de $600 millones desde Argentinos Juniors hacia la AFA.
El expediente vinculado específicamente a la propiedad de Pilar es instruido por el juez Adrián González Charvay, quien analiza presuntas inconsistencias entre el valor declarado de compra y la tasación judicial. En paralelo, avanzaría una investigación por posibles desvíos millonarios mediante firmas radicadas en el exterior.
La respuesta de la AFA ante la veeduría de la IGJ
En medio de este escenario, la AFA cuestionó públicamente la solicitud de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que el Ministerio de Justicia designe veedores con el objetivo de relevar documentación contable y financiera.
En un comunicado oficial, la entidad sostuvo que “no será sometida a veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”. Además, anticipó que presentará recursos judiciales para que la medida sea desestimada.
La AFA indicó que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el argumento de que sea la Justicia quien determine la validez de la disposición.
La medida impulsada por la IGJ fue firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo y, según se informó oficialmente, no implicaría una intervención ni una sanción, sino una veeduría informativa en el marco de las facultades de fiscalización del organismo ante presuntas “graves irregularidades”.
El antecedente mencionado por la entidad
En su defensa, la AFA hizo referencia al denominado “caso Bullrich”, al sostener que la IGJ utilizaría un criterio similar al aplicado en 2023 contra el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que en ese momento estaba presidido por Patricia Bullrich.
Según señaló la entidad madre del fútbol argentino, en aquel antecedente la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil anuló una intervención dispuesta por la IGJ por considerar que se había vulnerado el debido proceso.
Asimismo, la AFA denunció que la medida actual respondería a una “política pública” orientada a impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) mediante el debilitamiento institucional del modelo de clubes sociales.
En el tramo final del comunicado, la institución remarcó que defenderá su autonomía “por todas las vías judiciales y democráticas”, y sostuvo que el fútbol argentino pertenece a los clubes, sus socios e hinchas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión