La Justicia Federal de San Francisco investiga un caso de explotación laboral en la que 8 morterenses se los tenía en condiciones deplorables a 12 Km de Miramar. Dormían a la intemperie en pleno invierno, entre otras cosas.
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En 2022, ocho personas se encontraron viviendo en condiciones extremadamente precarias en una casilla desmantelada en la zona rural de Miramar. Esta casilla carecía de baño, agua potable y electricidad, y solo podía albergar a cuatro personas, obligando al resto a pasar varias noches a la intemperie, con una simple frazada para resguardarse del frío invernal.
La Fiscalía Federal de San Francisco, bajo la dirección de María Marta Schianni, llevó a cabo una investigación que resultó en el procesamiento de dos individuos, apellidados Bono y Soria, por su presunta participación en la explotación laboral de estas ocho personas. Se les imputa el delito de "trata de personas con fines de explotación laboral agravada, cometida a través de engaño y abuso de situaciones de vulnerabilidad", debido a que las víctimas se vieron sometidas a jornadas laborales extenuantes y recibieron un salario inferior al prometido.
La persona encargada de atraer a las víctimas prometiendo empleo era Soria, en una propiedad de Bono. Las promesas de condiciones laborales y salariales resultaron ser falsas, lo que llevó a la difícil situación que se descubrió durante la investigación. Las víctimas se encontraban en colchones al aire libre durante el invierno, en una casilla rodante sin acceso a servicios básicos, sin baño ni cocina, en una situación de abandono total.
Además, estas personas carecían de medios de comunicación y transporte, teniendo que caminar aproximadamente 12 kilómetros para acceder a un almacén que les proporcionaba alimentos a crédito debido a su situación. Un trabajador finalmente contactó a la Policía por teléfono para pedir ayuda, describiendo su desesperada situación, que incluía falta de comida, largas horas de trabajo y vivir al aire libre.

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La intervención policial confirmó las terribles condiciones en las que se encontraban y dio lugar a la investigación judicial. La imputación contra Bono y Soria se basa en la pluralidad de víctimas y en la consumación de la explotación, considerándolos coautores de estos delitos graves. La decisión final recae ahora en el juez federal Pablo Montesi.