Madrid (EFE).- Retrasar un año la salida del mercado laboral aumenta “significativamente” el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años, según la actualización de un estudio publicado este miércoles por Fedea, que recomienda fijar distintas edades de retiro en función de las ocupaciones y establecer mecanismos de flexibilidad.
El estudio, que analiza el impacto de una reforma realizada en España en 1967 que endureció la jubilación anticipada, arroja esa conclusión y añade que el riesgo se concentra especialmente en las ocupaciones físicamente más exigentes o sujetas a un mayor nivel de estrés emocional y mental.
Jubilación parcial
Por el contrario, señala la Fundación de Estudios de Economía Aplicada(FEDEA) el riesgo es menor para los trabajadores que tienen acceso a mecanismos de jubilación parcial que les permiten reducir sus horas de trabajo a partir de determinada edad.
En base a estos resultados los autores también calculan el coste o beneficio social de restringir o eliminar la opción jubilación anticipada y muestran que “el impacto adverso sobre la esperanza de vida supera las ganancias fiscales”.
Sin beneficio económico
En cifras, el estudio calcula que un aumento de 0,46 años en la edad al morir se traduce en una pérdida social valorable de 8.564 euros por individuo.
Frente a esto, el retraso en la salida del mercado laboral de la citada reforma genera, en promedio, una aportación adicional al sistema de pensiones y unos ingresos fiscales de 1.925 euros y ahorra a la Seguridad Social 3.228 euros por jubilado en beneficios de pensión.
Como resultado, la Seguridad Social obtiene una ganancia fiscal de 5.213 euros gracias a la reforma.
“En suma, los ahorros fiscales derivados del retraso en la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de las pensiones no compensan la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida, lo que sugiere que la reforma no es económicamente beneficiosa en el contexto más amplio del bienestar social”, concluyen.
Ante estas cifras, Fedea pide diseñar con cuidado los cambios en las políticas de jubilación, atendiendo a sus posibles efectos sobre la salud de los trabajadores.
En concreto, recomienda tener en cuenta “el grado de exigencia física, emocional y mental” de las distintas ocupaciones a la hora de fijar las edades mínimas y legales de jubilación, que no pueden ser iguales para todos.
También reclama introducir, con carácter general, mecanismos flexibles de jubilación anticipada y parcial que permitan a los trabajadores modular sus horas de trabajo en la parte final de su carrera laboral.
Cambios en la jubilación activa y en las anticipadas
El Gobierno y los agentes sociales cerraron a finales de julio un acuerdo que, entre otros cambios, mejora los incentivos para demorar la edad de jubilación y los hace compatibles con la jubilación activa, la que permite seguir trabajando más allá de la edad de jubilación y cobrar una parte o toda la pensión.
Junto a esto también se acordó establecer un nuevo procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades con elevados índices de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad.