El Gobierno de Javier Milei postergó por un mes la actualización del impuesto a los combustibles para evitar que la nafta sufra aumentos más fuertes en mayo. Sin embargo, las empresas actualizaron los valores en un 4%, debido a la devaluación mensual del peso frente al dólar del 2% y el aumento del barril del petróleo.
Desde Casa Rosada, el objetivo es claro: que el índice de inflación continúe en descenso. “El Poder Ejecutivo Nacional publicará un Decreto en el Boletín Oficial, a través del cual se diferirá la fecha en la que tendrá efecto la actualización correspondiente al Impuesto a los Combustibles. La medida implica que no habrá incremento alguno por dicho concepto en el mes de mayo”, indicaba el reciente comunicado del Ministerio de Economía.
Y agregaba: “A partir de la norma que se publicará en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional definió diferir la actualización correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, al 1° de junio de 2024. De esta manera, la medida garantiza previsibilidad al sector y establece que no habrá incremento alguno, por dichos conceptos, en el mes de mayo”.
En función del plan que estaba previsto, el Gobierno iba a aplicar este miércoles 1° de mayo el último tramo del aumento parcial de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil. De todos modos, los precios podrían actualizarse este miércoles, pero menos de lo que estaba previsto, que era una suba de alrededor del 7,3%.
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El último aumento sobre los combustibles se aplicó a principios de abril y llevó el precio del litro de la nafta súper de YPF a $837 el litro en la Ciudad de Buenos Aires.

Las medidas del Gobierno para frenar los aumentos

Además de contener las subas en los combustibles, el Ministerio de Economía decidió postergar los aumentos de tarifas de gas y electricidad que tendrían que haberse aplicada a partir de mayo.
A partir de este miércoles debía empezar a regir la fórmula de actualización mensual de las tarifas de gas y electricidad que el Gobierno diseñó para que los aumentos otorgados no queden atrasados respecto de la inflación.
Sin embargo, los entes reguladores de ambos servicios, Enargas y ENRE, respectivamente, no publicaron los nuevos cuadros tarifarios a la espera de una definición de Economía.
Los entes reguladores ya tienen calculado cuánto sería la suba que le correspondería a las empresas: 10,69% para las distribuidoras eléctricas, 12,5% para las distribuidoras de gas y 12% para las transportistas de gas.
Economía debía definir si avanzaba con una quita de subsidios para los sectores de ingresos bajos (N2) y medios (N3) en gas y electricidad; si aumentaba el costo que pagan los comercios, industrias y hogares de ingresos altos, y si autorizaba el ajuste mensual de tarifas para las empresas.
Al final, nada de esos sucederá y todo continuará como estaba o peor, ya que la inflación y la devaluación mensual se mantiene al ritmo del 7% y 2% mensual y cada vez más los usuarios residenciales de ingresos bajos y medios demandan más subsidios.