Varios procedimientos fueron en Rafaela, otros en Humberto Primo y en otras ciudades.

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Efectivos de Gendarmería Nacional realizaron nueve allanamientos en la provincia de Santa Fe en el marco de una investigación por graves delitos imputados a Carlos Andrés Vaudagna, exdirector de las delegaciones de la AFIP en Santa Fe y Rosario.

El exfuncionario está acusado de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Los operativos, ordenados dentro del expediente judicial que lleva su nombre, se desarrollaron en viviendas de los departamentos La Capital, Las Colonias, San Jerónimo, Castellanos y Rosario. Las localidades involucradas incluyen Rosario, Rafaela, Humberto Primo, Bernardo de Irigoyen y Santa Fe capital. Según fuentes oficiales, no se dictaron órdenes de detención, pero se incautaron elementos de interés para la causa.

Contexto del caso

El caso tiene antecedentes que involucran a altos funcionarios y empresarios. La semana pasada, el juez federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, fue objeto de un allanamiento en su despacho, donde se secuestraron teléfonos celulares de él y de su secretario. También se realizaron operativos en oficinas relacionadas con la ex AFIP, hoy conocida como ARCA.

El fiscal provincial Miguel Moreno, quien investiga delitos de estafa vinculados a la empresa Vicentín, detectó pruebas relevantes durante escuchas telefónicas. Estas incluyeron conversaciones que intentaban justificar el origen de 200 mil dólares hallados en una caja de seguridad en el Banco ICBC de Reconquista. Si bien inicialmente los fondos fueron atribuidos al directivo de Vicentín, Omar Scarel, y a su hijo Gastón, Vaudagna reconoció luego ser el propietario del dinero.

Resoluciones previas y controversias

Vaudagna obtuvo una probation tras admitir la titularidad de los fondos. Como parte de la medida, se le impuso una multa de un millón de pesos y la obligación de dictar clases en un colegio. Sin embargo, el fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, cuestionó la calificación legal del caso. Según Salum, el hecho debía ser considerado lavado de activos agravado, dada la posición jerárquica de Vaudagna como funcionario público