En los tribunales de Melincué, se dispuso la internación en una colonia psiquiátrica de un hombre investigado por un abuso sexual cometido en Wheelwright. La medida de seguridad fue solicitada por la Fiscalía y aprobada por la jueza Mariana Vidal, luego de un juicio oral.
El hombre, cuyas iniciales son MAM y tiene 50 años, fue juzgado por un hecho ilícito contra la integridad sexual de una niña en Wheelwright. Como resultado del juicio, la jueza Vidal ordenó que sea internado en la Colonia Psiquiátrica de Oliveros, donde recibirá la asistencia necesaria durante siete años o hasta que se determine que las causas que motivaron la medida hayan desaparecido. Si, luego de este plazo, aún se considera necesario protegerlo a él y a la comunidad, el caso será remitido a la Justicia Civil.
El fiscal a cargo de la investigación, Julián Cochero, explicó que la resolución de la jueza fue similar a lo solicitado y argumentado durante el juicio, y que la medida de seguridad busca proteger a la víctima, una persona especialmente vulnerable debido a su edad y género.
La Defensa intentó invalidar el juicio y argumentar que la controversia debía tratarse como un asunto civil, pero la jueza rechazó estos pedidos. Vidal dejó en claro que el caso tiene una relevancia penal y que la realización del juicio era necesaria para imponer la medida de seguridad.

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El hombre MAM sufre de trastornos psíquicos, incluyendo psicosis y retraso mental moderado, lo cual llevó a que fuera declarado inimputable en relación a este caso. Cochero destacó que el objetivo no era condenarlo, sino asegurar su internación en una colonia psiquiátrica para prevenir comportamientos peligrosos tanto para él como para los demás. La Defensa no pudo demostrar que el hombre pudiera recibir un tratamiento adecuado en otros entornos ni presentar alternativas viables de hogares que pudieran acogerlo.
El delito fue cometido en enero de 2022, en perjuicio de una niña de corta edad. Cochero afirmó que la jueza consideró probada la materialidad del hecho ilícito, respaldada por testimonios y evidencias de una cámara de seguridad. Aunque la calificación legal propuesta por la Fiscalía no fue utilizada, la jueza reconoció la existencia del delito.
Por último, la solicitud de la Defensa para declarar inconstitucional un inciso del Código Penal fue rechazada por la magistrada, quien consideró infundada la petición. El Ministerio Público de la Acusación respaldó esta decisión durante el juicio.