Al exponer en la Cámara de Diputados en el marco del debate de la ley ómnibus, Néstor García, padre de Micaela García, quien fue víctima de un femicidio en 2017, rechazó hoy las modificaciones propuestas por el Gobierno a la ley que lleva el nombre de su hija, al sostener que la reforma impulsada “es prácticamente derogar” la norma de capacitación obligatoria en violencia de género.
A través de la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el Poder Ejecutivo propone reducir el rango de aplicación de la ley Micaela, que hasta el momento es obligatoria para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado, independientemente de su jerarquía o nivel.
En la ley ómnibus, el Gobierno dispone que las capacitaciones sean obligatorias “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”.

Para Néstor García, esta reforma “es como prácticamente derogar la ley”, y además cuestionó que en la redacción de la ley ómnibus se reemplace el enfoque de “violencia de género” por el concepto de “violencia familiar”.
"Violencia familiar no es lo mismo que violencia de género. Esto es muy grave”, exclamó al intervenir en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales.
También criticó que pretenda “solamente capacitar a todas las personas que se desempeñan en la función pública en los organismos competentes en la materia” cuando "se supone que son las personas que ya conocen de la temática”.
García rememoró que “todo el arco político votó la ley” que se inspira en el femicidio de su hija, y que “tuvo un solo voto en contra” del ex diputado nacional Alfredo Olmedo.
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“De los diputados actuales hubo 44 que votaron a favor de la Ley Micaela, y de esos 44 hubo 12 que dieron discursos”, precisó, pasándole la presión a los diputados que ahora están pensando en avalar la ley ómnibus.
En otro orden, apuntó contra al secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, al asegurar que “no se gastaron millones en la implementación de la Ley Micaela”.
"La mayoría de las capacitaciones se realizaron por trabajadoras del Estado Nacional que no cobraron un adicional por realizar esta tarea, sino que hacían una tarea militante”, indicó al respecto.
"No creemos que los problemas económicos en nuestro país tengan que ver con desarmar la Ley Micaela, una ley que tiene tan solo cinco años” y que “a pesar de un montón de fallas en su implementación, logró cambios”, finalizó.