La ley de góndolas y Compre Argentino son herramientas fundamentales para traccionar desarrollo local y las pyme. La ley de abastecimiento fue utilizada para garantizar la provisión de alcohol en gel y regular el precio de los barbijos durante la pandemia.

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Compre Argentino

La Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores vigente fue sancionada en el 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Otorga preferencias para las compras pública a productos de fabricación nacional y exige mecanismos de compensación local cuando los bienes o servicios son importados. Las compras públicas son una herramienta fundamental para traccionar desarrollo local y para radicaciones de inversiones en el país.

Las principales economías del mundo han implementado cada vez más regulaciones para preservar sus mercados de compras públicas de la competencia extranjera y utilizar el poder de compra del Estado para promover sectores estratégicos. Un caso concreto es el de Estados Unidos a través del BUY AMERICAN, que trasciende las administraciones de gobierno. Tanta importancia le dan que en enero de 2021 se creó la oficina “Made in America” a cargo de una economista especializada en industria y comercio, con el objetivo de revisar requisitos de valor local y excepciones a las leyes de Compre Americano que soliciten las distintas agencias.
Es una herramienta contemplada por la Organización Mundial del Comercio y que es negociada de forma separada en cualquier Acuerdo de Libre Comercio. En definitiva, es muy difundida a nivel mundial, utilizada por los países que este gobierno dice querer imitar.

Ley de Abastecimiento

La Ley de Abastecimiento fue sancionada el 20 de junio de 1974, unos días antes de la muerte de Juan Domingo Perón, y modificada en 2014 (se creó el Observatorio de Precios que también derogaron, y se matizaron los castigos por incumplimiento, por ejemplo se sacaron las penas de prisión). Es una herramienta importante que tiene el Estado para evitar especulaciones en la compraventa de bienes esenciales. En efecto, la ley se aplica si las actividades están referidas a las necesidades básicas y no meramente comunes y además tienen que impactar de modo general en la población.
Le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de fijar márgenes de utilidad y precios de referencias (tanto en niveles máximos como mínimos); dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción; disponer la continuidad de la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos.

Lo cierto es que fueron pocas las veces que se utilizó la ley. Se aplicó en 2011 contra Shell por una suba en los combustibles, en 2013 por un incremento en el precio del trigo y en 2014 por el precio de los medicamentos. Uno de los ejemplos últimos y más claros de la aplicación de la ley fue durante la pandemia de Covid-19 en el gobierno de Alberto Fernández. En ese momento, la Secretaría que encabezaba Paula Español se amparó en la ley para garantizar el abastecimiento de alcohol en gel, e incluso ponerle precio máximo a los barbijos.

Ley de góndolas

El último apuntado fue la ley de góndolas, que regula la disposición y variedad de productos que exhibidos en las góndolas de los supermercados con el objetivo de brindar una mayor oferta de productos regionales o artesanales en las grandes cadenas.
El impacto de esta ley se pondera sobre todo a nivel provincial; en provincias como Chaco y Formosa, se pueden ver productos regionales en las góndolas de los supermercados. Como la lógica de la legislación se basa en la competencia de precios por mayor oferta, eliminarla beneficiará a los grandes monopolios.
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