¿El ex presidente dejará Puerto Madero para ir a Comodoro Py o pedirá declarar por videoconferencia? Fueron citados, además, otros 38 ex funcionarios y empresarios.
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Alberto Fernández se enfrentará con el juez Julián Ercolini el próximo 27 de noviembre para defenderse en la causa Nación Seguros, donde es investigado por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Desde que se conoció la denuncia, el ex jefe de Estado insistió en reclamar el apartamiento del magistrado por enemistad manifiesta, pero fracasó en todas las instancias.
La audiencia está prevista en los Tribunales de Comodoro Py de modo presencial, aunque según pudo saber A24.com, Alberto Fernández pediría que se concrete por videoconferencia. El objetivo sería esquivar un eventual escrache, o el seguimiento de la prensa, tras casi cuatro meses de aislamiento por la denuncia de su ex pareja, Fabiola Yañez.
En relación al expediente de Nación Seguros, la justicia sospecha que el decreto 823/2021 que firmó el ex presidente sirvió para habilitar una estructura legal que permitió direccionar la contratación de seguros del Estado hacia un grupo de compañías.
También fueron citados otros 38 ex funcionarios y empresarios, entre ellos el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano; el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero, quien trabajó como secretaria de Fernández; el dueño de TG Brokers, Pablo Torres García; y Federico D´Angelo Campos, ex director general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
Los desafíos de Alberto Fernández
La indagatoria en la causa Nación Seguros es el primero de los desafíos que deberá enfrentar Alberto Fernández en tan solo dos semanas. El mismo juez Ercolini lo citó el 11 de diciembre por la denuncia de violencia de género que presentó Fabiola Yáñez.
Ambos casos podrían derivar en el procesamiento del ex mandatario, quien permanece recluido en su departamento de Puerto Madero, abandonado por sus antiguos amigos, y cumpliendo una orden de restricción de acercamiento de su ex pareja.
Recordemos que la causa por violencia de género se destapó como consecuencia de la investigación en Nación Seguros, en la que se detectaron conversaciones en el celular de la secretaria privada del ex presidente, María Marta Cantero.
Con ese punto de partida, la justicia encontró elementos que indicarían que Alberto Fernández cometió “acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad” contra Yañez.
Además se determinó que “tras ser electo para ejercer el cargo de Presidente de la Nación, la violencia física habría continuado y escalado, más precisamente después de haber quedado aquella embarazada (hacia fines de julio-principios de agosto del 2021)”.
Las claves de la indagatoria en Nación Seguros
El juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rivolo preparan la indagatoria para Alberto Fernández, bajo la sospecha de que a través del “decreto N° 823/2021, que canalizó la contratación pública de seguros Nación Seguros como aseguradora oficial por medio de convenios interadministrativos, se centralizó la designación discrecional de intermediarios y aseguradoras privadas (...) sin seguir los procedimientos de selección previstos”.
Las preguntas apuntarían a determinar si aprovechándose de su investidura, el ex presidente fue quien tuvo la potestad de definir a quién contratar cuando se presentaron controversias entre los miembros del grupo.
Los investigadores creen que el decreto en cuestión se publicó con la “pretensión de darle un marco de legalidad a la maniobra delictiva ideada por sus intervinientes, cuyo objetivo final era la percepción de comisiones indebidas”.
En ese sentido, quieren saber porque en la oficina del ex mandatario se modificó el proyecto de la norma que originalmente buscaba reglamentar la actuación de los productores asesores de seguros.
Entienden que al eliminar ese punto “el vacío resultante en el decreto habría dejado abierta la posibilidad de que se designaran intermediarios en cualquier caso y por simple nota, sin acto administrativo previo”.
De ese modo, Nación Seguros quedó a cargo de gestionar la totalidad de los contratos de seguros de entes públicos, dar intervención a otras empresas privadas, gestionar el vínculo con los intermediarios, dar y el pago de comisiones “con total discrecionalidad y con el consecuente beneficio a los efectos de la ejecución de la maniobra delictiva”.
Como referencia, la imputación señala que el amigo de Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, habría percibido comisiones –que le fueron liquidadas en los roles de productor, organizador y máster- por más de 416 millones de pesos entre el 2020 y el 2024.
Esos montos surgirían de la contrataciones de seguros para la Dirección Nacional de Vialidad; el Fondo Nacional de las Artes; Gendarmería Nacional Argentina; el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Relaciones Exteriores, de Seguridad de Turismo y Deportes; Policía de Seguridad Aeroportuaria; Policía Federal Argentina; Prefectura Naval Argentina; Casa de Moneda; la Superintendencia de Servicios de Salud, y Corredores Viales S.A.
Después de que declare Alberto Fernández, continuará la ronda de indagatorias con el resto de los imputados, los primeros Horacio Martínez Sosa y María Cantero. Luego será el turno de Alberto Pagliano; Sebastián Díaz Bancalari; Gustavo García Argibay; Federico D’angelo Campos; Santiago Fraschina; Andrés Severino; Carlos Soria; Fernando Arana; Mauro Tanos; Pablo Torres García; Oscar Castello; Ernesto Mercuri; Luciano Torre Arregui; Osvaldo Tortora; Hernán Berretta; Diego Marín; Ricardo Clement; Héctor Villaverde; Emanuel Calvo; Laura Crisafulli; Norberto Garrido; Javier Rodríguez Gómez; Fernando Carlos Salim; Agustín Beraldi; Diego Rosendi; Lucas Rosendi; Sebastián Rosendi; Alfredo Del Corro; Hernán Bressi; Brian Kelly; María Bisogni; Damián Gosso; Carlos Suárez; Mariana Lourdes Trupia; Alejandro Damián Celes; Déborah Toloza.
Fuente: A24