La detenida se hizo pasar por funcionaria del Ministerio de Salud.

.

Según pudo saber RADIO RAFAELA, a raíz de un exhorto judicial, se logró la detención de una persona y el decomiso de dinero en efectivo, así como de un teléfono celular.

Esta operación fue llevada a cabo por la Agencia de Investigación Criminal, en colaboración con las autoridades policiales de la provincia de Buenos Aires. El objetivo del allanamiento, realizado en la mañana del miércoles 6 de septiembre, fue capturar a R.M.B., quien se encontraba implicada en una serie de estafas cometidas a través de redes sociales.

El inicio de esta investigación judicial se remonta a la denuncia presentada por una víctima en la localidad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe. La víctima confirmó el robo de su cuenta de WhatsApp por parte de un individuo que se hizo pasar por una funcionaria del Ministerio de Salud.

En el curso de su engaño, la supuesta funcionaria solicitó datos personales, lo que le permitió tomar control de la cuenta de la víctima y pedir a sus contactos que depositaran dinero en una cuenta bancaria.

Tras la consumación de esta maniobra delictiva y la presentación de la denuncia correspondiente, los investigadores de la Agencia de Investigación Criminal llevaron a cabo diversas diligencias de campo que permitieron identificar a la presunta autora de los hechos.

En consecuencia, con la colaboración del Dr. Nicolás Falkenberg y la participación activa de la Fiscalía a cargo del Dr. Alejandro Benítez, así como la colaboración del Juzgado de Garantías Nro. 5 del Partido de La Matanza, a cargo del S.S. Juez Dr. Gustavo Banco, se procedió al allanamiento de una residencia ubicada en la calle Lambare al 4600 de La Tablada, en el Partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.



En el lugar, se logró la detención de la acusada y se incautó una suma de dinero en efectivo, así como un teléfono celular que podría tener relevancia en la investigación. La imputada se encuentra actualmente bajo la jurisdicción de Santa Fe y está a disposición de las autoridades judiciales pertinentes para responder por sus acciones.