En relación al reciente dictamen sobre fitosanitarios biológicos y sus efectos sobre los productores del periurbano, nos sentimos obligados a emitir el siguiente comunicado:
De los productores
La situación en la que se encontraron los productores periurbanos de Rafaela ha sido muy irregular. Siendo quienes se verían claramente afectados económicamente por los resultados de esta acción judicial, no fueron informados ni directamente, ni a través de Sociedad Rural de Rafaela, por lo que no pudimos tomar conocimiento de las presentaciones realizadas hasta el mes de enero de 2023, cuando ya se habían presentado los informes y realizado las declaraciones de las partes involucradas directamente.
De los peritos
En la información suministrada, no se nos informó en ningún momento que se habían convocado Peritos Científicos, ni se dieron a conocer los informes por ellos realizados. En la sentencia, se aduce que se toman como referencia, dado que no han sido impugnados por las partes. De hecho, resulta claro que el fallo se basó solo en la postura de los demandantes y en los investigadores que ellos propusieron.
Los peritos judiciales “deberían cumplir con el requisito de ser imparciales”. Este juzgado convoca a investigadores reconocidos por sus trabajos orientados a concluir que la producción agropecuaria contamina el ambiente y enferma. Sus trabajos y publicaciones, para conocimiento del juez, han sido rebatidos por una cantidad muy importante de trabajos científicos de la más alta jerarquía académica y científica de Argentina y del exterior. Hubiera sido conveniente que tomaran conocimiento de la opinión de peritos científicos “imparciales” para cumplir con la regla de la búsqueda de la “verdad jurídica objetiva”, si es lo que se pretendía.
De los organismos regulatorios y técnicos del Estado

Sorprende también, que se relativizan y se pone en duda, las presentaciones del organismo regulatorio referente de Argentina ante el mundo, SENASA; cuya metodología de evaluación de los productos para garantizar que no dañen la salud y el ambiente es reconocida por los países a los cuales exportamos en el mundo. El mismo trato se da a la presentación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con investigadores destacados a nivel nacional e internacional, y al colegio de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe quienes tienen competencia y saber científico en el asesoramiento para la utilización responsable de los insumos agropecuarios.
Parece ser que cualquiera puede instalar “verdades alternativas”. Los organismos regulatorios son los responsables de la protección de la salud humana y el ambiente, basándose en el trabajo y las conclusiones de Comisiones Científicas evaluadoras, nacionales e internacionales. A partir de esta información se definen las estrategias de manejo de las sustancias según las evaluaciones de riesgos cada una, siempre basándose en el conocimiento y método científico y se efectúan las recomendaciones de uso, aplicación y cuidados. En este fallo, se considera en cambio, lo relacionado con percepciones y con escuchar solo lo que se quiere oír o aquellas que responden a ciertas ideologías. Es así que quienes no están capacitados para realizar un análisis crítico de la información científica, pretenden tomar decisiones basadas en criterios que carecen de valor, considerándolos válidos.
De la distorsión de un informe científico
En ninguna de las referencias y citas que se presentaron en el informe técnico de la experta internacionalmente reconocida Dra. Edda Villaamil Lepori, se avala que la única medida efectiva contra la deriva de los fitosanitarios es la distancia. Ni que no haya forma de controlar la deriva. Se ha distorsionado la información científica provista por ACPUR, tratando de apoyar los argumentos para su fallo con datos que no son presentados de la forma en que se aduce en el informe. Se han ignorado los conceptos y referencias dadas por la investigadora que ponen de manifiesto los errores presentados en el informe del técnico de la parte demandante. Se demuestra con datos de 2019, adjuntando referencia bibliográfica, que Argentina está lejos de ser quien más aplica productos fitosanitarios en relación a otros países. Sin embargo, se sostiene este dato presentado por los demandantes. Por otra parte, en la ciudad de Rafaela, CASAFE realizó en el año 2021 la demostración del alcance de la deriva ante los concejales y la población de Rafaela. Se demostró claramente que utilizando las Buenas Prácticas el alcance de la deriva terrestre no alcanzó los 10 m, y la aérea menor a 50 m. Sorprende que en el fallo no cuestiona la importancia de las Buenas Prácticas, para decir luego que la única forma de limitar la deriva es a través de las distancias.
De la Fiscalía municipal
Igualmente, sorprende que la fiscalía de la municipalidad en su informe ante los demandantes, argumenta a favor del veto propositivo del ejecutivo, “pero no del artículo 4 de la ordenanza 5331, elegida democráticamente por el concejo municipal”. Y que, además no apele, cuando el fallo tiene fundaciones endebles, es controvertido e irrazonable, que lo descalifica como acto jurídico válido. Aparece este comportamiento como de conveniencia política, y no derivado de una preocupación por la salud y el ambiente, y el desarrollo sostenible, como se aduce. Claramente no defiende la producción y la utilización de los productos biológicos, promovida en el país y en el mundo, como herramienta tecnológica complementaria a otros insumos igualmente seguros.