La justicia le ordenó la prisión preventiva tras resistirse al accionar policial y por dañar un auto de la Guardia Urbana de Rafaela. El imputado tiene 22 años, con frondosos antecedentes.
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Quedó en prisión preventiva un hombre de 22 años que es investigado por los delitos de resistencia a la autoridad, amenazas calificadas por el empleo de arma, agresión con arma y daño calificado. Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Javier Bottero en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de Rafaela.
El fiscal Martín Castellano está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son BAB, transite el proceso judicial privado de su libertad. Bottero resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva durante todo el proceso.
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Resistencia a la autoridad
Castellano relató que “el 4 de febrero pasado, alrededor de las 15:30, en momentos en que personal del Cuerpo Guardia Infantería de la Unidad Regional V procuraba la detención del hombre investigado en calle España al 2.600, se resistió al accionar de los efectivos, a quienes profirió amenazas mediante la exhibición de un cuchillo de cocina tipo ‘Tramontina’ que fue arrojado contra uno de los uniformados sin llegar a lesionarlo”.
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Daño
El fiscal del MPA agregó que “el 22 de febrero, entre las 20:30 y 21:10 aproximadamente, el imputado utilizó una gomera para tirar piedras a una camioneta de la Guardia Urbana Rafaelina en inmediaciones de la plaza 25 de Mayo. Con su accionar, provocó daños en la puerta del acompañante, en la tapa de la caja del móvil y en la manija de la puerta del lateral derecho”.
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Peligros procesales
El representante del MPA que manifestó que “la Fiscalía solicitó al juez el dictado de la prisión preventiva sin plazos ya que la materialidad y autoría de los ilícitos por parte del imputado se encuentran acreditadas por las evidencias reunidas, sobre todo a partir de la importancia de los relatos de los empleados policiales y de la Guardia Urbana de Rafaela”.
Castellano agregó que “el magistrado consideró probados los riesgos procesales debido a la ausencia de arraigo del imputado, ya que se encuentra en situación de calle y por lo tanto carece de residencia fija. Además, no posee trabajo estable ni vínculos familiares”.
Por otra parte, el fiscal destacó que “Bottero tuvo en cuenta que el imputado posee varios casos anteriores en los que se lo imputó y se le otorgó la libertad bajo medidas alternativas a la prisión preventiva, las que incumplió. De esta manera, se puede suponer con criterio lógico que existen altas probabilidades de que incurra en esos mismos incumplimientos”.
El magistrado también se refirió a la pena en expectativa. “Sería una condena de cumplimiento efectivo”, sostuvo.