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Controversia en la investigación por el hallazgo de dos bebés enterrados en el patio de una casa: ¿qué sucedió?

Dos personas oriundas de Cañada de Gómez quedaron en prisión preventiva imputadas por homicidio calificado. Sin embargo, la defensa insiste con que se trató de una interrupción voluntaria del embarazo.

La investigación por el hallazgo de dos bebés de 32 semanas de gestación enterrados en el patio de una casa en Cañada de Gómez generó controversias entre la Fiscalía y el Servicio de la Defensa Pública que representa a los dos imputados que tiene la causa. Mientras que para la fiscal Gabriela Lescano se trata de un hecho de homicidio agravado, la defensora Florencia Chaumet sostiene que se trató de un caso de interrupción voluntaria del embarazo en un contexto de extrema vulnerabilidad económica y social.
La audiencia imputativa se concretó este miércoles 2 de noviembre en los tribunales cañadenses, en la que el juez de primera instancia Álvaro Campos avaló la imputación y dictó la prisión preventiva para los dos imputados por el plazo de 45 días.

La versión de la Fiscalía

La fiscal Gabriela Lescano sostuvo que una mujer identificada como D.L.T. y un hombre identificado como M.G. son coautores del delito de Homicidio agravado por ser un descendiente –dos hechos–.
Según Lescano, entre el sábado 29 octubre y las primeras horas del día domingo 30 de octubre de 2022, D.L.T. “expulsó dos gemelas, neonatas –con vida– de aproximadamente 30 semanas de gestación, ingiriendo pastillas con el fin de realizar un aborto en el baño de su domicilio de Calle Bolivar al 900 de la ciudad de Cañada de Gómez, con la colaboración necesaria de M.G., para luego enterrarlas en el patio del domicilio del mismo, cercano al domicilio de D.L.T.”, precisó la fiscal en la imputación.

La situación fue develada con el accionar de los policías de la Unidad Regional X, quienes tomaron intervención tras una denuncia radicada por vecinos de la zona. Los uniformados requisaron tres viviendas y en una de ellas encontraron el cuerpo de los dos bebés; así fueron convocados los peritos de la AIC que efectuaron las tareas de rigor: huella y rastro, planimetría y fotografía para luego ser elevadas a la fiscal Lescano.
La fiscal ordenó que los cuerpos de los bebés sean llevados hasta la morgue judicial del Instituto Médico Legal de la ciudad de Rosario para su posterior examen de autopsia y así determinar cuál pudo ser la causa de muerte. También se dispuso la aprehensión de los dos implicados.
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El cuestionamiento de la Defensa

Tras concretarse la imputación y la prisión preventiva de la mujer y el hombre, la Defensa emitió un comunicado en el que cuestionó el trabajo de la Fiscalía. Para el SPDP, la resolución fue tomada “con mucho por delante por determinarse”, y considera que la situación podría tratarse de una interrupción voluntaria del embarazo “en un contexto de extrema vulnerabilidad económica y social”, detalla el comunicado.
Además, agrega que la imputación de la fiscal Lescano por homicidio fue realizada “de manera apresurada e insólita”.

La Defensa también cuestiona que el juez Campos haya dispuesto la prisión preventiva “pese a haber hecho algunas observaciones sobre la calificación legal y sin tener en cuenta los graves problemas de salud que la acusada y el acusado tienen respectivamente”. En este sentido, el comunicado precisa que la mujer “padece una seria situación de consumos problemáticos y se encuentra en estado puerperal”, mientras que el hombre “sufre de una miocardiopatía hipertrófica”.
La defensora Chaumet hizo notar las “irregularidades en el marco de la investigación y la falta de pruebas suficientes que puedan determinar roles y responsabilidades”.
Asimismo, resaltó la vulneración al derecho de defensa y al debido proceso; y planteó la nulidad de todo lo actuado dado que la imputada habría confesado –en el hospital– a quien la custodiaba, sin contar con asistencia legal:

“Vale remarcar que este tipo de confesiones se encuentran prohibidas por ley, afectándose garantías constitucionales por darse sin la presencia de un/a abogado/a defensor/a”

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Finalmente, la comunicación concluye con que “preocupa a este Servicio Público Provincial de Defensa Penal el irracional modelo punitivista implementado por distintas agencias estatales que tiende a criminalizar y revictimizar –en casos como el presente– a las mujeres más vulnerables económica y socialmente, quienes por falta de acceso a la salud pública realizan prácticas inseguras y clandestinas. Cabe destacar por su ausencia, la falta de contención y acciones sociales que impliquen una alternativa a las meramente punitivas”, cuestiona.

CAÑADA DE GÓMEZ

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